La libertad de prensa. William Randolph Hearst, el magnate de los periódicos satirizado por Orson Welles en su Ciudadano Kane, solía decir que "la libertad de prensa es para los que tienen una" (prensa de imprimir, se entiende). Hoy cualquiera puede tener su página web, o escribir su opinión en la de otros.

Ahora que Internet nos permite a todos tener la libertad de expresarnos por muy poco dinero o, incluso, de forma gratuita, sería una pena que nos fuera arrebatada por una ley diseñada para garantizar la legitimidad de los mercaderes que ofician detrás de un mostrador virtual.

Y eso, eliminar la libertad de expresión, es exactamente lo que hacía la LSSI, en el borrador tan duramente criticado por Kriptópolis. ¿Cómo? Pues mediante un proceso de tres pasos:

1. Haciendo que el "suministro de información por línea" sea objeto de la ley, que en principio sólo venía a armonizar el comercio electrónico en la UE. Tanto Barrapunto como Kriptópolis, El País como El Mundo, la web corporativa de Seat como cualquier página de Geocities, todos somos suministradores de información por línea y, por lo tanto, todos estamos sujetos a la LSSI del mismo modo, aunque no hagamos comercio electrónico.

2. Convirtiéndonos a todos en policías. "todos los prestadores de los servicios de la sociedad de la información deberán cumplir las siguientes obligaciones: (.../...) supervisar el contenido de los datos e informaciones que constituyen el objeto del servicio de la sociedad de la información que prestan y realizar el control respecto de los hechos o circunstancias contenidas en aquéllos que pudiesen constituir actividades ilícitas".

   Esto, resumido, quiere decir que en Barrapunto nos haríamos responsables de supervisar los comentarios. Que cada proveedor de acceso que, además, da espacio en el servidor para alojar la página web de cada uno, deberá supervisar que todo lo que se pone en estas páginas es "lícito". Este párrafo del borrador de ley se contradice con el artículo 15 de la directiva comunitaria: "no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que se transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas." Da igual. La directiva no es una ley, y la ley sí. Por eso es más preocupante lo que diga la ley.

3. Por último, estableciendo que basta una autoridad administrativa para obligar a "suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio de la sociedad de la información". En el mundo de papel, para secuestrar un periódico hace falta la firma de un juez. Según esta ley, en el ciberespacio basta con una resolución administrativa.

Imaginemos ahora el caso de un particular que tiene una página en un servidor, y recibe una denuncia. A la vez que este editor (pequeño editor, pero ha publicado una página en Internet, ¿no?) recibe la denuncia, los responsables de su proveedor de alojamiento reciben una copia, con la exhortación a quitar esa página de su servidor, pues es ilícita. ¿Qué creéis que harán los del centro de datos? ¿Qué creéis que les dirán sus jefes que hagan? La pregunta no es "¿qué deberían hacer si el mundo fuese justo?", pues ya sabemos que la respuesta es "esperar a la resolución judicial". La pregunta es ¿qué harán en el mundo real? Sí, el crudo mundo real, en el que "pedófilo", "drogadicto", "terrorista" o, simplemente, "delincuente", son palabras tan fuertes con las que no quiere verse asociado ningún departamento de relaciones públicas de una empresa.

Para que no tengamos libertad de expresión no hace falta que nos quiten la palabra a todos: basta con que se la quiten a uno. Y para asegurar la censura, no hace falta con ejercerla. Basta con poner en marcha su mecanismo. Y, si nadie se queja, el mal ya está hecho.

Por esta razón creo que todos los españoles deberíamos agradecer que se haya dado esta alarma sobre el presente borrador de la LSSI. A los que los que se quejan del alarmismo sólo se les puede contestar que la situación, tal y como la pintaba el borrador, era alarmante. Y lo que menos me preocupa es si esta situación se debiera a malicia o incompetencia. El comportamiento responsable consiste en arreglarla. Lo irresponsable es negar que la situación sea alarmante.

Moncho Alpuente solía decir "la situación es alarmante, pero no preocupante, porque preocupándonos no vamos a llegar a nada". Al dar la voz de alerta y promover el discurso público, el especial de Kriptópolis ha prestado un gran servicio a la sociedad española, y al futuro desarrollo de Internet. Falta ver a dónde nos lleva la posterior revisión de la ley, y en qué acaba todo esto. El primer paso, ahora, está bien dado.