Barrapunto

Si alguna función tiene el Estado, ésta es la de garantizar un campo de juego igual para todos, proporcionando la infraestructura mínima para que la sociedad civil pueda desarrollarse y crecer (personalmente pienso que tiene alguna función más, pero espero que estemos todos de acuerdo en ésta). En la tan cacareada Sociedad de la Información, del Conocimiento o como se le quiera llamar, el acceso en igualdad a los datos públicos por parte de todos los sectores sociales es una garantía mínima para el desarrollo social, cultural y económico.

En la sociedad de la información, el acceso al mapa es tan importante como el acceso al territorio. Por poner un ejemplo: cualquiera puede montar una empresa de mensajería, porque las calles son públicas. Pero no cualquiera puede hacer un software específico para empresas de mensajería, porque los datos del plano no son públicos. La igualdad de la competencia se rompe, y no por la innovación y la competencia en el mercado, sino por la mala gestión de los poderes públicos (en este caso, los ayuntamientos), que no han sabido ponerse al día y reconocer que diseminar esos datos es más rentable socialmente que guardarlos, y que hacer accesibles los datos públicos con una política de recuperación de costes es menos rentable económicamente que darlos sin trabas.

Alguno dirá: "pero es que esos datos, ese mapa, lo ha hecho una empresa, y el ayuntamiento sólo los alquila". Mal hecho entonces por parte del Ayuntamiento (el que sea, del signo político que sea: a fecha de hoy no conozco uno solo que haya hecho públicos sus datos geográficos, ni tampoco el Instituto Geográfico que, ese sí, es dueño de todo). El deber de los poderes públicos es dar oportunidades a todos, no beneficios a una empresa en particular.

Debo aclarar que esta diatriba no es antiempresarial ni anticapitalista, muy al contrario. Con datos geográficos públicos la barrera de entrada para el mercado se hace menor, y cualquier empresa, sea grande o pequeña, puede pensar en hacer servicios sobre esos datos. Del mismo modo que cualquier empresa de mensajería, grande o pequeña, puede hacer negocios en las calles. La mensajería ciclista con sede en Lavapiés compite a su manera con Seur y FedEx, explotando hasta donde le es posible sus ventajas competitivas en servicios y precios. Esto no sucede con los servicios geográficos, porque el acceso está cortado, y la barrera de entrada es demasiado alta para los "pequeños".

Del mismo modo los permisos más amplios para usar los productos lingüísticos de la RAE (no sólo los diccionarios, sino también el Corpus) serían mucho más beneficiosos para la lengua, la comunidad que la usa, y las empresas que viven de ella.

La propia Unión Europea sabe estas cosas. Hace poco se publicó un estudio en el que se reconocía que hay sectores, como el de las bases de datos, en el que cuanto mayor es la protección legal, peor es el rendimiento económico del sector. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los datos meteorológicos, algo de lo que hablaré en un artículo más adelante. La curiosa esquizofrenia de la administración es la que hace que el mismo macroorganismo que encarga este estudio va luego es la que ha creado los derechos de autor para las bases de datos.

La ironía es que la directiva INSPIRE está supuestamente encaminada a mejorar la competitividad europea. No hay que atribuir malicia a quien sólo muestra incompetencia, pero la verdad es que parece diseñada para todo lo contrario. Al dificultar un ecosistema variado de empresas y grupos de todos los tamaños que trabajen sobre datos públicos, esta directiva hace más difícil también el crecimiento de grandes empresas nativas que sepan disputar las bazas más altas en la competencia global. Mientras tanto, los Googles de la vida se les comerán la merienda, porque para muchos gratis es "lo bastante libre".

Ya lo saben, En Estados Unidos los geo-datos del gobierno son de libre acceso.

Hace poco un amigo me decía que la 3ª ley de Clarke tiene el siguiente paralelo: "Toda incompetencia lo bastante avanzada es indistinguible de la malicia". Yo no creo que la directiva INSPIRE esté hecha a propósito para cargarse la industrias europea de la información, pero el efecto que tendrá será desincentivarlas, y junto con las industrias irán, por supuesto, los grupos ciudadanos y activistas, y los proyectos universitarios, y mucho más. Por esta razón apoyo la petición para que en la directiva INSPIRE se establezcan permisos amplios de uso público y comercial de los datos recopilados con dinero público.