Barrapunto

En realidad, ese marco legislativo ya existe, aunque se esté implementando con cuentagotas. Parte de la Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración, y configura la creación de un Esquema Nacional de Interoperabilidad, desarrollado en el R.D. 4/2010. En estas normas se establece el uso prioritario de estándares abiertos en todas las comunicaciones de las administraciones con los ciudadanos, y también de unas administraciones con otras, y restringe el uso de estándares y formatos no abiertos a situaciones en las que no existe uno abierto para cubrir una necesidad puntual.
Incluso, existe una resolución de la Secretaría de Estado de la Administración Pública (de 3 de octubre de 2012), que establece un catálogo con los estándares que las administraciones pueden/deben utilizar en sus comunicaciones con la ciudadanía o con otras administraciones.

El problema de todo esto, es que el R.D. 4/2010 establece un tiempo de adaptación a la norma que finalizaba a primeros de este año, momento en el cual todas las administraciones públicas deberían haber adaptado sus procedimientos a dicha norma, cosa que todavía está pendiente.

En todo caso, lo que sí queda patente es que tenemos disponible el marco legislativo, y lo que queda es que los ciudadanos seamos exigentes y le apretemos las pilas a aquellas administraciones que, en un momento determinado, durante uno de nuestros trámites, no respete las normas de interoperabilidad que le imponen las leyes españolas, y las de la lógica. Esta es la parte que está en nuestra mano, y que es vital.