Con la ley en la mano es ilegal hacer copias del material protegido por los derechos de autor. Guste o no guste y hasta tanto no cambien las leyes vigentes, este hecho no admite discusión. Sin embargo, cuando ocurre un conflicto de derechos siempre debe prevalecer el respeto al derecho de rango superior. Por esa razón, la protección del derecho a la libre expresión (por ejemplo) debe prevalecer sobre otros (derechos de autor) ya que de lo contrario estaríamos haciendo un pan como unas hostias. Como consecuencia, la ley que el gobierno quiere sacar adelante es descaradamente anticonstitucional, o sea, en caso de que se empeñe en hacerlo, los tribunales podrían tumbarla con toda facilidad. Y yo creo que lo harían.
Más de un sapo y más de dos han tenido que tragarse algunos miembros de la familia real con las revistas del corazón a cuenta del derecho a la libertad de expresión, mientras que en otros países más civilizados no tolerarían ciertas intromisiones en la intimidad de la gente. Ahora bien, eso el gobierno debería saberlo, así que, ¿por qué no dejar que sea el juez el que decida si suspende o cierra la web denunciada? Se dice que es porque temen (o saben) que los jueces no van a cerrar esas páginas.
Pero si los jueces no lo hacen será porque no es legal. Pero si no es legal, ¿a qué narices está jugando el gobierno? ¿Es que quiere correr el riesgo de ser el responsable de que se vulneren las leyes?
Hay que aceptar que ciertas cosas son y serán siempre inevitables. En la práctica se sabe que la inmensa mayoría (bueno, todos los que yo conozco así me lo han confesado) de los profesionales liberales que cobran honorarios trabajando en gabinetes privados pagan a hacienda impuestos del orden de un 1/3 de lo que corresponde a sus ingreso reales. Hacienda lo sabe y, mientras las cifras que se le presenten no sean escandalosas, no medie alguna inspección especialmente incisiva o no haya una denuncia fundada, el fulano en cuestión seguirá ocultando sus ganancias.
Hacienda sabe también que no resulta posible (ni, muchas veces, rentable) poner en marcha inspecciones 'a ciegas'. Incluso no puede hacerlo si no hay indicios previos suficientes. Con los derechos de autor pasa, además, que llevados al límite son absurdos. Resulta que si yo presto una novela de autor reciente a mi vecino, ambos estamos vulnerando los derechos de autor.
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Con la ley en la mano.
(Puntos:2)( Última bitácora: Sábado, 15 Febrero de 2014, 12:55h )
Más de un sapo y más de dos han tenido que tragarse algunos miembros de la familia real con las revistas del corazón a cuenta del derecho a la libertad de expresión, mientras que en otros países más civilizados no tolerarían ciertas intromisiones en la intimidad de la gente. Ahora bien, eso el gobierno debería saberlo, así que, ¿por qué no dejar que sea el juez el que decida si suspende o cierra la web denunciada? Se dice que es porque temen (o saben) que los jueces no van a cerrar esas páginas.
Pero si los jueces no lo hacen será porque no es legal. Pero si no es legal, ¿a qué narices está jugando el gobierno? ¿Es que quiere correr el riesgo de ser el responsable de que se vulneren las leyes?
Hay que aceptar que ciertas cosas son y serán siempre inevitables. En la práctica se sabe que la inmensa mayoría (bueno, todos los que yo conozco así me lo han confesado) de los profesionales liberales que cobran honorarios trabajando en gabinetes privados pagan a hacienda impuestos del orden de un 1/3 de lo que corresponde a sus ingreso reales. Hacienda lo sabe y, mientras las cifras que se le presenten no sean escandalosas, no medie alguna inspección especialmente incisiva o no haya una denuncia fundada, el fulano en cuestión seguirá ocultando sus ganancias.
Hacienda sabe también que no resulta posible (ni, muchas veces, rentable) poner en marcha inspecciones 'a ciegas'. Incluso no puede hacerlo si no hay indicios previos suficientes. Con los derechos de autor pasa, además, que llevados al límite son absurdos. Resulta que si yo presto una novela de autor reciente a mi vecino, ambos estamos vulnerando los derechos de autor.