por
pobrecito hablador
el Sábado, 26 Diciembre de 2009, 17:44h
(#1193452)
Lo cual lleva a aberraciones como que los donativos a un partido político sean secretos, o que la afiliación de un juez a una organización religiosa integrista no le obligue a inhibirse cuando se trata de un asunto relacionado con ésta.
Deberíamos apreciar más la transparencia pública en todo lo que tiene que ver con partidos políticos y demás afiliaciones del mismo tipo. Más todavía teniendo en cuenta que estos partidos tienen privilegios y particularidades legales y están institucionalizados como parte obligatoria del sistema electoral, por lo que la militancia política (y los donativos a partidos) deberían ser un dato que los demás deberían tener derecho a conocer.
Y también deberíamos tener en mayor medida el orgullo de las propias convicciones, y no andar por el mundo de súbditos tímidos, disimulando, pretendiendo que la ley nos proteja de que se sepan cosas tan naturalmente públicas como la afiliación política, como si fuéramos ex-esclavos que no pueden permitirse caer mal a ningún poderoso.
Lo más sangrante de todo es que para lo que conviene esa protección constitucional no existe: no hay manera de evitar dar explicaciones públicas sobre creencias religiosas si se tienen hijos en edad escolar (por la clase de religión en todos los colegios, por imperativo del Concordato), o si se tiene aunque sea el más insignificante cargo (por las tontas "tradiciones" de asistencia oficial a desfiles, procesiones y besamanos eclesiásticos) o se pertenece al Ejército, al profesorado o a otras muchas instancias.
Y así vamos
(Puntos:0)Deberíamos apreciar más la transparencia pública en todo lo que tiene que ver con partidos políticos y demás afiliaciones del mismo tipo.
Más todavía teniendo en cuenta que estos partidos tienen privilegios y particularidades legales y están institucionalizados como parte obligatoria del sistema electoral, por lo que la militancia política (y los donativos a partidos) deberían ser un dato que los demás deberían tener derecho a conocer.
Y también deberíamos tener en mayor medida el orgullo de las propias convicciones, y no andar por el mundo de súbditos tímidos, disimulando, pretendiendo que la ley nos proteja de que se sepan cosas tan naturalmente públicas como la afiliación política, como si fuéramos ex-esclavos que no pueden permitirse caer mal a ningún poderoso.
Lo más sangrante de todo es que para lo que conviene esa protección constitucional no existe: no hay manera de evitar dar explicaciones públicas sobre creencias religiosas si se tienen hijos en edad escolar (por la clase de religión en todos los colegios, por imperativo del Concordato), o si se tiene aunque sea el más insignificante cargo (por las tontas "tradiciones" de asistencia oficial a desfiles, procesiones y besamanos eclesiásticos) o se pertenece al Ejército, al profesorado o a otras muchas instancias.