Barrapunto

Que la comunicación con la administración pública sea mediante estándares abiertos, los ingleses ya lo han conseguidos. Habría que exigir por ley que los documentos que se deben remitir a la administración pública, tanto cómo los que se obtienen de ésta estén creados con formatos abiertos, directamente los aprobados por la open document foundation sería un muy buen comienzo. Sería un pasito muy importante, sobre todo para no obligar a todos los españoles a delinquir pirateándose offices y similares, simplemente obtendríamos gratuitamente nuestro paquete ofimático abierto y remitiríamos cualquier documento que nos pidan.

En realidad, ese marco legislativo ya existe, aunque se esté implementando con cuentagotas. Parte de la Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración, y configura la creación de un Esquema Nacional de Interoperabilidad, desarrollado en el R.D. 4/2010. En estas normas se establece el uso prioritario de estándares abiertos en todas las comunicaciones de las administraciones con los ciudadanos, y también de unas administraciones con otras, y restringe el uso de estándares y formatos no abiertos a situaciones en las que no existe uno abierto para cubrir una necesidad puntual.
Incluso, existe una resolución de la Secretaría de Estado de la Administración Pública (de 3 de octubre de 2012), que establece un catálogo con los estándares que las administraciones pueden/deben utilizar en sus comunicaciones con la ciudadanía o con otras administraciones.

El problema de todo esto, es que el R.D. 4/2010 establece un tiempo de adaptación a la norma que finalizaba a primeros de este año, momento en el cual todas las administraciones públicas deberían haber adaptado sus procedimientos a dicha norma, cosa que todavía está pendiente.

En todo caso, lo que sí queda patente es que tenemos disponible el marco legislativo, y lo que queda es que los ciudadanos seamos exigentes y le apretemos las pilas a aquellas administraciones que, en un momento determinado, durante uno de nuestros trámites, no respete las normas de interoperabilidad que le imponen las leyes españolas, y las de la lógica. Esta es la parte que está en nuestra mano, y que es vital.