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Mucho se ha dicho tras el debate sobre la piratería en La2. Por mi parte intentaré aportar un pequeño granito de arena en forma de reflexión.
El mercado audiovisual actual (el establecido) basa su gran parte de ingresos en la venta de soportes físicos en los que distribuyen sus creaciones. Incluso el cine está orientando gran parte de su negocio hacia la venta de DVD, donde han visto una manera de salvar una mala taquilla.
Mientras la exposición pública de contenidos, tales como cine en salas o conciertos en directo deja muchos mas beneficios a los autores, las compañías que son los que en la mayoría de casos los crean y los dirigen, prefieren la venta del producto como una manera mas "óptima" de obtener beneficios.
Este modelo de negocio ha funcionado hasta hace pocos años en los que la aparición de un nuevo agente lo ha condicionado todo. Internet permite que la difusión de copias privadas, hasta entonces limitada a un ámbito muy localizado, se haya expandido por todo el planeta, planteando una seria amenaza a un modelo de negocio establecido.
Sin entrar a valorar qué modelo de distribución considero mas ético, o moral, o legal, o como queráis llamarlo, está claro que nos encontramos ante un conflicto de intereses.
La ley española actual tiene previstos, de alguna manera, todos supuestos, pero los tiene poco desarrollados dejando demasiada tierra de nadie donde los partidarios de una u otra opción se despedazan sin piedad unos a otros.
Por un lado, la ley define cláramente lo que se puede considerar conducta delictiva como son la distribución sin permiso del propietario, con ánimo de lucro y con perjuicio de terceros, de obras sujetas a "copyright".
Creo que es de los pocos puntos en común en los que pueden estar de acuerdo ambas partes.
El punto en conflicto está en la copia privada. La industria, cada vez mas, aboga por una severa restricción, cuando no abolición, de la copia privada. En el otro lado, la ciudadanía aboga por una expansión de la copia privada y una mayor defensa de este derecho.
No hay que olvidar que la misma ley que reconoce la copia privada, reconoce el derecho del autor a recibir una compensación por la copia privada. Es en este punto donde surge el roce mas serio.
La forma actual de recaudar esta compensación por copia privada es mediante un canon que se paga al comprar múltiples soportes, como cintas de casette, cintas de magnetoscopio y recientemente discos compactos y DVD vírgenes.
La entidad receptora de este canon y la responsable de su reparto es la SGAE, una organización de cada vez mas dudosa moralidad.
Los detractores del canon argumentan, no sin razón, que los soportes digitales sometidos al canon no se utilizan mayoritariamente para realizar copias privadas de obras sujetas a derechos de autor, por lo que cobrar el canon les parece abusivo.
Por otro lado, los autores se quejan, también con sus razones, de que la copia privada, además de la piratería, les resta gran cantidad de ingresos por la venta de sus obras.
Dejando a la industria a un lado, creo que los autores tienen parte de razón. La generalización de la copia privada ha producido un descenso en la venta de discos y películas en DVD, no tanta como nos quiere hacer creer la industria, pero un descenso a fin de cuentas.
Grabarse un disco de un amigo, no deja de ser una manera de ejercer nuestro derecho a la copia privada, pero si reconocemos ese derecho, debemos reconocer el derecho del autor a recibir su compensación, ya que ambos conceptos están en la misma ley.
¿Como se articula este derecho?
Está claro que de la forma actual no. La SGAE dista mucho de ser una sociedad democrática y transparente que base su existencia en la defensa de los autores. Si el estado reconoce este derecho a los autores, ha de ser el estado el encargado de compensar a los autores.
En primer lugar, debería hacerse un estudio serio, y consensuado por todas las partes, del porcentaje de CD y DVD que se destinan a la copia privada, así de el porcentaje de ancho de banda, el porcentaje de ordenadores, discos duros y demás soportes de almacenamiento que se destinan a estos fines. Teniendo en cuenta este porcentaje, aplicar un impuesto a todos ellos y mediante una entidad dependiente del ministerio de cultura y del ministerio de hacienda, gestionar y repartir estos ingresos entre los autores y editores.
Este reparto debería ser de forma proporcional a la representatividad del autor o editor. La manera de medir esa representatividad se me escapa. Una forma podría ser respecto al nivel de ventas. Parece aceptado por todos que los artistas mas descargados son los que mas venden (paradójicamente).
Mientras los poderes públicos miren para otro lado en todo este conflicto, los que salimos perdiendo somos las personas de "a pie" ya que no tenemos mucho que hacer contra las multinacionales de los contenidos.